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Juan Carlos Orrego Ocampo, especialista en gestión del riesgo de desastres.El terremoto del lunes 10 de agosto dejó más de 200 fallecidos, 2.500 heridos y decenas de viviendas y edificios afectados o colapsados. El desastre golpeó con mayor intensidad a Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, y ha concentrado los esfuerzos del país en atender a las víctimas. La Silla Vacía habló con Juan Carlos Orrego Ocampo, especialista en gestión del riesgo de desastres, sobre la capacidad del Estado para responder y las vulnerabilidades que el terremoto volvió a poner en evidencia. La gestión del riesgo de desastres no fue tema de campaña. ¿Por qué, si esto les pasa a todos los gobiernos, nunca ocupa un lugar central en la agenda? Si uno mira el récord, los últimos cuatro gobiernos han comenzado enfrentando un desastre importante. A Santos le tocó, a los seis días, viajar a La Mojana. A Duque, a los cuatro días, atender inundaciones en Vichada y el Orinoco. A Petro, a los tres días, responder por inundaciones en La Mojana. Y ahora, a los cuatro días de gobierno, el presidente tiene que encarar una crisis que seguramente le demandará tiempo y recursos. La cotidianidad de los gobiernos en América Latina es enfrentar problemas profundos del territorio: inundaciones, sequías, incendios, erupciones volcánicas. Hace falta una cultura política que entienda que no son crisis inesperadas, sino condiciones de vulnerabilidad que hacen que los desastres se presenten y que hay que tener capacidad para afrontarlos. Hay más de 200 muertos y numerosos edificios colapsados. ¿Eso era evitable? La construcción sismorresistente está diseñada para que una edificación soporte el evento máximo esperado. Se pueden caer muros, ventanas o vidrios, pero la estructura debe garantizar que la vida se proteja. El problema es que, aunque Colombia tiene normas de sismorresistencia desde hace décadas y estándares técnicos avanzados, buena parte de su construcción ha sido informal. De las cerca de 18 millones de viviendas que hay en Colombia, alrededor del 60 % puede ser de carácter informal. Muchas presentan condiciones importantes de vulnerabilidad. Además, existe mucho desarrollo progresivo: una persona construye una vivienda y después agrega un segundo piso, luego un tercero, una terraza o apartamentos para arrendar. El país desconoce las condiciones reales de sismorresistencia de muchas de esas viviendas. Y qué se puede hacer con una vulnerabilidad de semejante magnitud? Esa es una discusión política y técnica muy importante. ¿Pretendemos que lo que ha sido informal se formalice y actualice sus estudios? Hay una limitación enorme porque son demasiadas viviendas y llevarlas a un nivel adecuado de seguridad resulta costoso. Esa es la discusión de fondo: qué hacer con los desarrollos que fueron informales y no son sismorresistentes. ¿Este terremoto puede desbordar la capacidad del gobierno? Colombia tiene una institucionalidad importante en gestión del riesgo, aunque todavía hay indefiniciones sobre cómo desarrollar la recuperación y reconstrucción posdesastre. La reconstrucción del Eje Cafetero en 1999 se hizo con el Forec; la ola invernal de 2010-2011, con Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación. Se han creado institucionalidades específicas para cada momento. Este evento no tiene la magnitud del terremoto de Venezuela de hace mes y medio. Aunque es muy lamentable la pérdida de vidas y de edificaciones, creo que el país tiene capacidad para adelantar una respuesta y recuperación organizadas. Lo que se necesita es que el gobierno entienda rápidamente cómo se administran las emergencias. Me preocupa que muchos gobiernos, al llegar, piensen que esto se maneja con obviedades, cuando manejar una situación de desastre tiene mucho de técnica. ¿Cuáles son esas obviedades? Una es pensar que esto se soluciona con subsidios de arrendamiento. Son un mecanismo importante, pero apenas una pieza dentro de las cientos que requiere un proceso de recuperación. Otra es creer que se puede responder a toda la población inmediatamente. Los procesos de recuperación nunca son de corto plazo. Hay que iniciarlos pronto, pero pueden tardar tres, cuatro o cinco años. El país todavía está en procesos derivados de la ola invernal de 2010-2011. La UNGRD quedó muy golpeada por el escándalo de corrupción del gobierno Petro. ¿Qué tanta capacidad tiene hoy para responder? El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo no es solo la Unidad. Incluye municipios y departamentos, gobernadores y alcaldes. He visto un trabajo importante de los comités departamentales y municipales; muchos están haciendo la tarea como debe hacerse. La Unidad tiene alrededor de 1.600 funcionarios y muchos técnicos con experiencia importante. Es fundamental que el nuevo director se deje orientar por esos equipos internos. La Unidad sufrió un gran desprestigio durante el gobierno pasado y hay que corregir esas debilidades y evitar que lo ocurrido se repita. Pero el país necesita una institucionalidad fuerte para cumplir esa función. El presidente puso a su esposa y a la esposa del vicepresidente a manejar la colecta de donaciones y ayudas. ¿Ese trabajo requiere experticia técnica? La solidaridad debe ser bien recibida venga de donde venga, siempre y cuando no afecte la lógica de la respuesta. Las ayudas humanitarias son bienvenidas, pero deben canalizarse a través de los comités territoriales de gestión del riesgo y no pueden sustituir las funciones institucionales de estas primeras 72 horas. Es bienvenido el aporte de las primeras damas, su liderazgo y su peso político, pero siempre garantizando que la institucionalidad esté al frente. Hemos visto al presidente dando los reportes, viajando a Chocó y a Cali, y al vicepresidente en Caldas. ¿Cuál debería ser el papel de un presidente en una tragedia así? La población necesita acompañamiento y que el gobierno muestre su cara. Pero lo que más se necesita de un presidente es respaldo político a las decisiones de la Ungrd y garantizar una coordinación efectiva. Si la Unidad de Gestión del Riesgo define procedimientos y protocolos, el presidente debe asegurarse de que los ministros atiendan el llamado de su director. La coordinación es el elemento central. En Colombia se ha consolidado la idea de que frente a cualquier desastre el presidente tiene que acompañar a las familias

Sala de crisis hoy 10 de agosto

La UNGRD rindió homenaje a los fundadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresEn las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se llevó a cabo el día de ayer un acto de reconocimiento a Camilo Cárdenas Giraldo, considerado el principal artífice del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) durante el período 1988–1992, modelo que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en el actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).Como primer Consejero Presidencial para la Prevención y Atención de Desastres, Camilo Cárdenas lideró la construcción de las bases conceptuales e institucionales de una política pública sustentada en la coordinación interinstitucional, la descentralización y la participación de las entidades territoriales y de la sociedad. Su visión permitió consolidar un modelo innovador que se convirtió en referente para numerosos países de América Latina.Durante la ceremonia también fueron exaltados Juan Carlos Orrego, Omar Darío Cardona, Gustavo Wilches y Fernando Ramírez Gómez, quienes hicieron parte del reducido grupo de profesionales que integró la entonces Oficina Nacional para la Atención de Desastres (ONAD) de la Presidencia de la República. Desde ese pequeño equipo pionero comenzó a construirse una institucionalidad que hoy constituye una de las organizaciones más importantes del Estado colombiano para la protección de la vida, los bienes, la infraestructura y el ambiente frente a los riesgos de desastres.Los reconocimientos fueron entregados por el Director General de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, como un homenaje a quienes sentaron las bases de la política moderna de gestión del riesgo en Colombia y contribuyeron a consolidar un modelo que hoy continúa fortaleciéndose.El acto contó igualmente con la participación de destacadas personalidades que han contribuido al desarrollo de la gestión del riesgo en el país y en la región, entre ellas Walter Cotte, Daniel Pabón, Martha Calvache, Guillermo Tovar y Jaime Matiz, así como funcionarios de diversas instituciones que hicieron parte del proceso de creación del Sistema Nacional y que continúan aportando su experiencia en el ámbito nacional e internacional.Más que un homenaje a personas, la ceremonia constituyó un ejercicio de memoria institucional para reconocer el origen de una política pública que ha protegido a millones de colombianos durante casi cuatro décadas y que hoy sigue siendo un pilar fundamental para fortalecer la resiliencia y el desarrollo sostenible del país.

El reciente terremoto en Venezuela y la llegada de El Niño evidencian la necesidad de fortalecer la institucionalidad de gestión del riesgo. Juan Carlos Orrego advierte que Colombia enfrenta riesgos cada vez más complejos y considera que la discusión debe centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y responder a desastres En momentos en que el nuevo Gobierno ha anunciado una reorganización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el especialista internacional en gestión del riesgo y cambio climático Juan Carlos Orrego advirtió que desmontar o fragmentar la institucionalidad sin un sustento técnico podría representar un retroceso para Colombia frente a un escenario de amenazas cada vez más complejas. La advertencia se produce mientras el país observa las consecuencias del reciente terremoto ocurrido en Venezuela y los organismos científicos anuncian la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño para el período 2026-2027, dos situaciones que, según el experto, pondrán a prueba la capacidad del Estado para prevenir, atender y recuperarse de los desastres. Orrego, quien fue subdirector general de la UNGRD entre 2018 y 2020 y actualmente dirige la Corporación Colombia sin Desastres, sostuvo que el debate sobre el futuro de la entidad no debería centrarse únicamente en la posibilidad de cerrarla o reorganizarla, sino en definir qué tipo de institucionalidad requiere el país para enfrentar riesgos múltiples y permanentes. “Una verdadera reforma no consiste en desmontar o fragmentar lo construido, sino en fortalecer una función estratégica del Estado y construir una nueva generación de políticas en gestión del riesgo”, afirmó el especialista. El presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo han manifestado su intención de reorganizar la entidad luego del escándalo de corrupción que afectó a la UNGRD durante los últimos años. Para Orrego, aunque es comprensible revisar la institucionalidad tras esa crisis, las decisiones deben estar respaldadas por evidencia técnica y no responder únicamente a la coyuntura política. Según el análisis presentado por el experto, desde el inicio de la nueva administración el país deberá enfrentar simultáneamente la preparación para el fenómeno de El Niño y la recuperación de los territorios afectados por el reciente frente frío, especialmente en regiones donde convergen altos niveles de vulnerabilidad y pobreza, como La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. En su concepto, el fenómeno climático previsto para 2026-2027 pondrá en evidencia varias vulnerabilidades estructurales del país. Entre ellas mencionó la alta dependencia del sistema energético de la generación hidroeléctrica, el menor respaldo por disponibilidad nacional de gas, la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de agua de varias ciudades, la degradación de ecosistemas expuestos a incendios forestales, la vulnerabilidad de numerosos acueductos y los riesgos para la producción agropecuaria debido a la sequía. El especialista recordó que, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante diciembre de 2025 se detectaron más de 4.100 focos de incendio en bosques naturales del país, casi tres veces más que en el mismo mes del año anterior. También señaló que cerca de 12 millones de personas enfrentan actualmente condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, situación que podría agravarse si se intensifican los efectos de la sequía asociados a El Niño. A estos desafíos, agregó, se suma el reciente terremoto ocurrido en Venezuela, país que comparte características sísmicas similares con Colombia. Para Orrego, ese evento constituye un llamado de atención sobre la necesidad de contar con una institucionalidad capaz de gestionar riesgos geológicos severos, responder oportunamente a las emergencias y liderar procesos de recuperación posteriores a eventos catastróficos. “Nuestro país no enfrenta amenazas aisladas ni ocasionales; enfrenta escenarios permanentes de riesgos múltiples”, señaló. Una función estratégica del Estado El experto insistió en que la gestión del riesgo debe entenderse como una función permanente de gobernanza del Estado y no como un asunto exclusivo de un sector específico. Según explicó, esta función integra el conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación frente a los desastres, por lo que resulta tan estratégica como la seguridad, la salud pública o la estabilidad económica. Como ejemplo, recordó que los dos últimos gobiernos debieron dedicar una parte importante de su gestión a enfrentar grandes emergencias. Durante la administración de Iván Duque se atendieron, entre otros eventos, los huracanes Eta e Iota, la crisis de Hidroituango, la reconstrucción de Providencia y la pandemia de covid-19. Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó las inundaciones asociadas al invierno de 2022-2023, los incendios forestales de 2024 y el reciente frente frío de 2026, además de preparar al país para un nuevo episodio de El Niño. Un informe elaborado por Orrego también recopila estimaciones basadas en información de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Adaptación y el CONPES 3904 de 2017 sobre el impacto de los principales desastres ocurridos durante los últimos gobiernos. Entre los eventos citados aparecen la ola invernal de 2010-2011, que dejó más de 3,2 millones de damnificados y una inversión reportada de 11 billones de pesos; la avenida torrencial de Mocoa en 2017, con 330 fallecidos y más de 22.000 damnificados; la pandemia de COVID-19, que ocasionó 142.722 muertes, más de 6,3 millones de contagios y una inversión de 40 billones de pesos, además de una contracción del PIB del 7,2 % en 2020. También incluye las tormentas Eta e Iota en San Andrés y Providencia, con cerca de 250.000 damnificados e inversiones por 1,6 billones de pesos; las inundaciones del período 2021-2023, con más de un millón de afectados y recursos estimados en 20,3 billones de pesos; y el reciente frente frío de 2026, que habría dejado 252.000 damnificados y una inversión reportada de 8,2 billones de pesos. Una reforma basada en evidencia Orrego considera que uno de los principales problemas de la UNGRD ha sido el desplazamiento de su misión original. Según explicó, la entidad fue creada para ejercer la rectoría de la política pública de gestión del riesgo, fortalecer capacidades territoriales, coordinar el Sistema Nacional y liderar la prevención y recuperación frente a

Disasters often impact supply chains, leading to cascading effects across regions. While unaffected regions may attempt to compensate, their ability is constrained by their available production capacity and logistical constraints between regions. This study introduces a Multi-Regional Impact Assessment (MRIA) model to evaluate the regional and macroeconomic consequences of disasters, capturing regional post-disaster trade dynamics and logistical constraints. Our findings emphasize that enhancing production capacity alone is inadequate; regional trade flexibility must also be improved to mitigate disaster impacts. At the regional level, disaster-affected areas experience severe negative impacts, whereas larger, export-oriented regions benefit from increased production activity. Additionally, we propose a sectoral criticality assessment alongside the more common sensitivity and incremental disruption analysis, which effectively identifies sectors with low redundancy while accounting for the potential for regional substitution in a post-disaster scenario.  https://arxiv.org/pdf/2508.00510

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que existe una probabilidad muy alta de que la temperatura media global alcance nuevos máximos históricos durante el período 2026-2030, impulsada por el calentamiento global de origen humano. El informe también identifica una probabilidad significativa de que se desarrolle un nuevo episodio del fenómeno de El Niño hacia finales de 2026, lo que podría amplificar aún más los efectos del cambio climático. Entre las principales implicaciones previstas se encuentran un aumento de las olas de calor extremas, una mayor incidencia y severidad de incendios forestales, un incremento del estrés hídrico en numerosas regiones y una mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, con impactos potencialmente significativos sobre la seguridad alimentaria, la salud, los ecosistemas y las economías de todo el mundo.  Fuente:  Organización Meteorológica Mundial (OMM) – Actualización climática decenal global 2025-2029/2030  El estudio presenta una metodología completamente automatizada basada en inteligencia artificial (GPT-4o) para transformar descripciones textuales de lugares afectados por desastres en información geográfica precisa y utilizable. El sistema limpia y estandariza los datos de ubicación reportados en la base EM-DAT, los verifica mediante tres fuentes geográficas independientes (GADM, OpenStreetMap y Wikidata) y asigna un nivel de confiabilidad a cada resultado. Aplicado a los registros de desastres entre 2000 y 2024, logró geocodificar más de 14.000 eventos y casi 18.000 ubicaciones únicas, sin necesidad de intervención manual. La investigación demuestra el potencial de los modelos de lenguaje para mejorar la calidad y el uso de las bases de datos de desastres, facilitando análisis espaciales más precisos para la evaluación y reducción del riesgo.  https://arxiv.org/abs/2511.14788?utm_source=chatgpt.com 

El Climate Risk Index 2026 confirma que los fenómenos meteorológicos extremos se han convertido en una de las principales amenazas para el desarrollo humano y económico a nivel mundial. Entre 1995 y 2024 se registraron más de 9.700 eventos extremos que ocasionaron más de 832.000 muertes y pérdidas económicas superiores a los USD 4,5 billones. El análisis muestra que las olas de calor y las tormentas fueron responsables de aproximadamente dos tercios de las víctimas mortales, mientras que las inundaciones afectaron a casi la mitad de la población impactada por desastres durante este período. Las tormentas, por su parte, concentraron cerca del 58 % de las pérdidas económicas globales. El informe advierte que el cambio climático está transformando eventos que antes se consideraban excepcionales en amenazas recurrentes, configurando una nueva normalidad climática caracterizada por una mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Asimismo, la ciencia de atribución climática concluye que en 2024 el cambio climático de origen humano añadió alrededor de 41 días de calor peligroso para miles de millones de personas, intensificando huracanes, incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos extremos más allá de los efectos asociados al fenómeno de El Niño. El estudio también pone de manifiesto una profunda desigualdad climática, ya que los países más afectados se concentran mayoritariamente en el Sur Global, donde las capacidades de adaptación, respuesta y recuperación son más limitadas.  En la clasificación de largo plazo del índice (1995-2024), Colombia se ubica dentro del grupo de países situados entre los puestos 21 y 50 a nivel mundial, lo que la ubica en una categoría de riesgo significativo, aunque fuera de los veinte países más afectados. El informe identifica como los diez países más impactados durante las últimas tres décadas a Dominica, Myanmar, Honduras, Libia, Haití, Granada, Filipinas, Nicaragua, India y Bahamas. En el caso colombiano, esta posición refleja la exposición recurrente a inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías asociadas a El Niño, huracanes en la región Caribe y eventos extremos de precipitación en las regiones Andina y Pacífica. Sin embargo, los impactos acumulados en términos de mortalidad y pérdidas económicas relativas han sido menores que los registrados en los países que encabezan la clasificación mundial. 

Lo más novedoso del Climate Risk Index 2026 es que confirma con evidencia acumulada de tres décadas que los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando en frecuencia e intensidad y que sus impactos son cada vez más sistémicos y desiguales. Entre 1995 y 2024, más de 832.000 personas murieron, se registraron más de 9.700 eventos extremos y las pérdidas económicas superaron los USD 4,5 billones. El informe destaca que Dominica, Myanmar y Honduras fueron los países más afectados en el período analizado, mientras que en 2024 los más golpeados fueron San Vicente y las Granadinas, Granada y Chad. Un hallazgo particularmente relevante es que la ciencia de atribución climática muestra que, aunque el fenómeno de El Niño influyó en muchos eventos extremos de 2024, el cambio climático inducido por el ser humano los intensificó aún más, añadiendo 41 días de calor peligroso para miles de millones de personas en el mundo. El informe también advierte que los eventos que antes eran considerados excepcionales se están convirtiendo en una “nueva normalidad”, afectando de manera desproporcionada a los países más pobres y vulnerables del Sur Global, y concluye que la COP30 deberá acelerar la mitigación, la adaptación, el financiamiento climático y los mecanismos de pérdidas y daños para evitar un aumento continuo de las pérdidas humanas y económicas  https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-02/WDR2026_FullReport_EN.pdf

Executive SummaryIn 2025,1 the Emergency Events Database (EM-DAT) recorded 358 natural hazard-relateddisasters.2 These events resulted in 16,607 fatalities, affected 110.2 million people andcaused US$169.68B in economic losses. Asia accounted for a disproportionately large shareof disaster-related deaths, due largely to major earthquakes in Myanmar and Afghanistan.The year was also marked by a record-breaking drought in Syria, which left 80% of thepopulation in need of assistance; and by the Palisades and Eaton Fires, which ranked amongthe costliest wildfires ever recorded, both globally and in the United States of America.