Juan Carlos Orrego Ocampo, especialista en gestión del riesgo de desastres.
El terremoto del lunes 10 de agosto dejó más de 200 fallecidos, 2.500 heridos y decenas de viviendas y edificios afectados o colapsados. El desastre golpeó con mayor intensidad a Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, y ha concentrado los esfuerzos del país en atender a las víctimas.
La Silla Vacía habló con Juan Carlos Orrego Ocampo, especialista en gestión del riesgo de desastres, sobre la capacidad del Estado para responder y las vulnerabilidades que el terremoto volvió a poner en evidencia.
La gestión del riesgo de desastres no fue tema de campaña. ¿Por qué, si esto les pasa a todos los gobiernos, nunca ocupa un lugar central en la agenda?
Si uno mira el récord, los últimos cuatro gobiernos han comenzado enfrentando un desastre importante. A Santos le tocó, a los seis días, viajar a La Mojana. A Duque, a los cuatro días, atender inundaciones en Vichada y el Orinoco. A Petro, a los tres días, responder por inundaciones en La Mojana. Y ahora, a los cuatro días de gobierno, el presidente tiene que encarar una crisis que seguramente le demandará tiempo y recursos.
La cotidianidad de los gobiernos en América Latina es enfrentar problemas profundos del territorio: inundaciones, sequías, incendios, erupciones volcánicas. Hace falta una cultura política que entienda que no son crisis inesperadas, sino condiciones de vulnerabilidad que hacen que los desastres se presenten y que hay que tener capacidad para afrontarlos.
Hay más de 200 muertos y numerosos edificios colapsados. ¿Eso era evitable?
La construcción sismorresistente está diseñada para que una edificación soporte el evento máximo esperado. Se pueden caer muros, ventanas o vidrios, pero la estructura debe garantizar que la vida se proteja.
El problema es que, aunque Colombia tiene normas de sismorresistencia desde hace décadas y estándares técnicos avanzados, buena parte de su construcción ha sido informal. De las cerca de 18 millones de viviendas que hay en Colombia, alrededor del 60 % puede ser de carácter informal. Muchas presentan condiciones importantes de vulnerabilidad.
Además, existe mucho desarrollo progresivo: una persona construye una vivienda y después agrega un segundo piso, luego un tercero, una terraza o apartamentos para arrendar. El país desconoce las condiciones reales de sismorresistencia de muchas de esas viviendas.
Y qué se puede hacer con una vulnerabilidad de semejante magnitud?
Esa es una discusión política y técnica muy importante. ¿Pretendemos que lo que ha sido informal se formalice y actualice sus estudios? Hay una limitación enorme porque son demasiadas viviendas y llevarlas a un nivel adecuado de seguridad resulta costoso. Esa es la discusión de fondo: qué hacer con los desarrollos que fueron informales y no son sismorresistentes.
¿Este terremoto puede desbordar la capacidad del gobierno?
Colombia tiene una institucionalidad importante en gestión del riesgo, aunque todavía hay indefiniciones sobre cómo desarrollar la recuperación y reconstrucción posdesastre. La reconstrucción del Eje Cafetero en 1999 se hizo con el Forec; la ola invernal de 2010-2011, con Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación. Se han creado institucionalidades específicas para cada momento.
Este evento no tiene la magnitud del terremoto de Venezuela de hace mes y medio. Aunque es muy lamentable la pérdida de vidas y de edificaciones, creo que el país tiene capacidad para adelantar una respuesta y recuperación organizadas.
Lo que se necesita es que el gobierno entienda rápidamente cómo se administran las emergencias. Me preocupa que muchos gobiernos, al llegar, piensen que esto se maneja con obviedades, cuando manejar una situación de desastre tiene mucho de técnica.
¿Cuáles son esas obviedades?
Una es pensar que esto se soluciona con subsidios de arrendamiento. Son un mecanismo importante, pero apenas una pieza dentro de las cientos que requiere un proceso de recuperación.
Otra es creer que se puede responder a toda la población inmediatamente. Los procesos de recuperación nunca son de corto plazo. Hay que iniciarlos pronto, pero pueden tardar tres, cuatro o cinco años. El país todavía está en procesos derivados de la ola invernal de 2010-2011.
La UNGRD quedó muy golpeada por el escándalo de corrupción del gobierno Petro. ¿Qué tanta capacidad tiene hoy para responder?
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo no es solo la Unidad. Incluye municipios y departamentos, gobernadores y alcaldes. He visto un trabajo importante de los comités departamentales y municipales; muchos están haciendo la tarea como debe hacerse.
La Unidad tiene alrededor de 1.600 funcionarios y muchos técnicos con experiencia importante. Es fundamental que el nuevo director se deje orientar por esos equipos internos.
La Unidad sufrió un gran desprestigio durante el gobierno pasado y hay que corregir esas debilidades y evitar que lo ocurrido se repita. Pero el país necesita una institucionalidad fuerte para cumplir esa función.
El presidente puso a su esposa y a la esposa del vicepresidente a manejar la colecta de donaciones y ayudas. ¿Ese trabajo requiere experticia técnica?
La solidaridad debe ser bien recibida venga de donde venga, siempre y cuando no afecte la lógica de la respuesta. Las ayudas humanitarias son bienvenidas, pero deben canalizarse a través de los comités territoriales de gestión del riesgo y no pueden sustituir las funciones institucionales de estas primeras 72 horas.
Es bienvenido el aporte de las primeras damas, su liderazgo y su peso político, pero siempre garantizando que la institucionalidad esté al frente.
Hemos visto al presidente dando los reportes, viajando a Chocó y a Cali, y al vicepresidente en Caldas. ¿Cuál debería ser el papel de un presidente en una tragedia así?
La población necesita acompañamiento y que el gobierno muestre su cara. Pero lo que más se necesita de un presidente es respaldo político a las decisiones de la Ungrd y garantizar una coordinación efectiva.
Si la Unidad de Gestión del Riesgo define procedimientos y protocolos, el presidente debe asegurarse de que los ministros atiendan el llamado de su director. La coordinación es el elemento central.
En Colombia se ha consolidado la idea de que frente a cualquier desastre el presidente tiene que acompañar a las familias en el terreno. Me parece un error. El sistema está diseñado para que alcaldes y gobernadores sean los primeros respondientes políticos. La foto del gobernador o del presidente en el sitio a veces es necesaria, pero debería ser la excepción y no la regla.
¿Qué modelo debería usarse para la reconstrucción?
El elemento ordenador debe ser la Unidad de Gestión del Riesgo. Debería crearse una gerencia para la recuperación posdesastre que dependa funcionalmente de su director y tenga un plan específico en el que participen los cinco o seis ministerios con mayor peso en la recuperación.
La coordinación y planificación deben permanecer en la Unidad, pero la implementación puede vincular organizaciones sociales, ONG y empresas privadas, siempre bajo un proceso de coordinación muy estructurado.
El presidente tenía la intención de gobernar desde Barranquilla y pasar menos tiempo en Bogotá. ¿Una tragedia como esta dificulta ese modelo?
Es una reflexión que todavía está por hacerse. Bogotá facilita mucho la coordinación interinstitucional por la presencia de ministros, directores de entidades y capacidades técnicas de monitoreo.
Quien maneja una sala de crisis puede necesitar rápidamente un concepto técnico que reúna a quince o veinte especialistas. Un cambio territorial fuerte puede servir para muchas cosas, pero para coordinar crisis del máximo nivel político se complica.
¿Qué otro desafío le deja este terremoto al nuevo presidente?
Garantizar una función pública fuerte de gestión del riesgo. Hace un tiempo se planteó que la Unidad podría desintegrarse y trasladar algunas funciones al Ministerio de Ambiente y otras al de Defensa. Eso sería un despropósito. La gestión del riesgo consiste precisamente en cruzar información sobre amenazas y vulnerabilidades.
El segundo desafío es reducir las vulnerabilidades. ¿Qué hacemos con ese 60 % de las viviendas que tienen estas características? Hay que entender el problema y empezar a fortalecer lo que ya está construido.
Y no es solo el riesgo sísmico. Tenemos afectaciones crecientes por el riesgo climático. Además de la reconstrucción por el terremoto, viene El Niño, con déficit hídrico y posibles impactos sobre energía y acueductos. Necesitamos no solo responder y recuperarnos, sino reducir el riesgo.
Petro hizo cuatro declaratorias de emergencia por temas ambientales. De la Espriella declaró desastre nacional. ¿Es suficiente?
La declaratoria de desastre es la figura correcta. Creo que fue un error del gobierno pasado haber hecho declaratorias de emergencia que terminaron superponiéndose.
La declaratoria de desastre nacional le da al gobierno las facultades necesarias para actuar con rapidez, por ejemplo para orientar recursos hacia la emergencia y la recuperación. En un desastre hay que proveer alimentos, llevar agua o reparar puentes con urgencia. Se necesita poder tomar decisiones en cuestión de horas, no esperar cinco o seis meses.
Es un gran privilegio que la sociedad les entrega a los sistemas de gestión del riesgo: les confía algo muy sagrado, que es su dinero. El gobierno puede decidir rápidamente en qué gastarlo, pero debe usarlo bien. A esa figura le hizo mucho daño la corrupción, pero sigue siendo indispensable.
¿Colombia invierte suficiente en prevención?
No es solo la cantidad de recursos, sino cómo se usan. La recomendación internacional es invertir más en reducción de vulnerabilidades.
En Colombia estamos destinando a conocimiento y reducción del riesgo —lo que llamamos prevención— apenas entre el 5 % y el 7 % del presupuesto de desastres. El resto va a respuesta, recuperación y obras civiles.
Si no cambiamos esa forma de gastar, vamos a estar condenados a permanecer atados al gasto en emergencias.
